Desafíos ocultos de la enfermería en México

La enfermería en México enfrenta desafíos profundos que con frecuencia pasan desapercibidos y que trascienden la atención directa al paciente. Estos “desafíos ocultos” se concentran, principalmente, en la precariedad laboral, el déficit de personal, la falta de reconocimiento profesional y el intenso impacto emocional asociado al ejercicio cotidiano de la profesión.

La precariedad laboral: el elefante no visibilizado en el Sistema de Salud Mexicano

En el núcleo del sistema de salud mexicano persiste un obstáculo que impide avanzar hacia una cobertura verdaderamente universal: la precariedad laboral. Médicas, médicos y personal de enfermería enfrentan diariamente condiciones de trabajo que no corresponden con la relevancia social ni con el nivel de responsabilidad de su profesión. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México documenta la magnitud de esta problemática y subraya la urgencia de replantear y fortalecer las políticas públicas para enfrentarla de manera decidida y estructural.

El análisis de los datos recolectados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de 2005 a 2022, revela un incremento alarmante de la precariedad laboral en el sector salud. Entre las y los médicos, ésta aumentó 29 puntos porcentuales, al pasar de 58.7 % en 2005 a 75.5 % en 2022. En el caso del personal de enfermería, el incremento fue de 37 puntos porcentuales, al elevarse de 49.0 % a 67.3 %.

Estos resultados evidencian niveles alarmantemente altos de precariedad laboral en los últimos dieciocho años. Este fenómeno, lejos de ser exclusivo de nuestro país, forma parte de una tendencia global que impacta tanto a naciones altamente industrializadas como a países de ingresos medios y bajos, entre ellos México, y condiciona de manera directa la dignidad profesional y la calidad de los servicios de salud.

Este problema se inscribe en la reconversión económica mundial hacia modelos que privilegian la producción de servicios sobre la producción industrial y en la competencia de grandes corporaciones por el control de los mercados, donde el trabajo se transforma en un factor central de competitividad. En América Latina, la expansión del sector privado en salud, impulsada por las reformas de los años noventa, ha profundizado la precariedad laboral y ha generado nuevas formas de vulnerabilidad para el personal sanitario.

A diferencia de países como Colombia y Chile, donde se implementaron mecanismos regulatorios para acotar estos riesgos, en México el crecimiento del sector privado se ha dado sin una regulación suficientemente robusta, lo que ha derivado en condiciones laborales desprotegidas que afectan a miles de profesionales de la salud. Históricamente, las y los médicos han estado más vinculados al sector privado, lo que los ha expuesto de manera temprana y reiterada a estas condiciones precarias. No obstante, en los últimos años la brecha entre los sectores público y privado se ha reducido, especialmente en las regiones con mayores carencias del país, impactando también a otros grupos profesionales, como el personal de enfermería, que tradicionalmente se había desempeñado en instituciones públicas.

Esta peligrosa convergencia responde a la reciente expansión del trabajo precario en el propio sector público, donde cada vez es más frecuente encontrar esquemas laborales temporales, inestables y sin protección social suficiente. El resultado es un escenario en el que tanto médicas y médicos como enfermeras y enfermeros se ven atrapados en dinámicas laborales que limitan su desarrollo profesional, deterioran su bienestar y, en última instancia, comprometen la calidad de la atención que reciben las y los pacientes.

La precariedad laboral no solo impacta a las y los trabajadores, sino también al funcionamiento de los sistemas de salud y a sus resultados. La falta de estabilidad emocional y física se agudiza en una profesión que implica lidiar cotidianamente con situaciones estresantes, traumáticas y de vida o muerte, lo que conlleva un desgaste significativo y favorece la aparición del síndrome de  burnout. A ello se suma la falta de tiempo y las interferencias con otros profesionales, que pueden obstaculizar la comunicación efectiva, generar frustración y erigir barreras en la atención.

Además, la inseguridad laboral desincentiva la permanencia en el sector salud, empuja a muchas y muchos trabajadores a buscar oportunidades fuera del ámbito sanitario o a emigrar, y agrava la escasez de personal calificado; todo ello se relaciona estrechamente con resultados subóptimos en salud. El estudio señala que las características comunes de la precariedad laboral incluyen la ausencia de contratos formales, los salarios bajos y la falta de beneficios sociales.

Pese a su relevancia, la precariedad laboral ha sido subestimada por expertos internacionales como un determinante clave del funcionamiento de los sistemas de salud. Esta omisión resulta especialmente preocupante en regiones con alta desigualdad, como América Latina, donde la precarización laboral constituye un obstáculo real para avanzar hacia la cobertura universal en salud. El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los relacionados con la salud, así como de cualquier otra aspiración de mejora social, se verá seriamente comprometido si no se cuenta con personal suficiente, bien capacitado y adecuadamente contratado. Ignorar la precariedad laboral equivale a construir un sistema de salud sobre cimientos inestables, poniendo en riesgo los avances en cobertura y calidad, y limitando la posibilidad de ofrecer una atención digna y oportuna a toda la población.

Desde 2019, la administración federal ha implementado políticas para abordar esta problemática. Se han puesto en marcha programas para regularizar la situación laboral de los trabajadores de salud, formalizar contratos y mejorar las condiciones laborales. Se han destinado también recursos para aumentar los salarios y ofrecer beneficios sociales, sin embargo, persisten desafíos significativos. A pesar de estos esfuerzos, la cantidad de personal “basificado” durante el sexenio no ha reducido la precariedad de manera global, y la implementación de políticas ha sido desigual, con variaciones importantes entre regiones e instituciones. La falta de regulación adecuada y la resistencia de algunos sectores han limitado el impacto de estas políticas.

Las implicaciones para México son profundas y demandan una respuesta decidida desde las políticas públicas, las instituciones formadoras de profesionales de la salud y la sociedad en su conjunto. La alta tasa de precariedad laboral revela una vulnerabilidad estructural en el sistema de salud que amenaza con deteriorar aún más la ya frágil calidad de los servicios. En particular, el incremento de la precariedad en el sector público muestra que las estrategias actuales resultan insuficientes para responder a las necesidades reales de las y los trabajadores de la salud, lo que puede desincentivar a las nuevas generaciones de profesionales a considerar el sector salud como un proyecto de vida viable y atractivo.

Esta situación adquiere una relevancia aún mayor si se considera que las trabajadoras y los trabajadores de la salud representan entre el 70 % y el 80 % del presupuesto en salud. En este contexto, el bajo gasto público en salud como proporción del PIB restringe seriamente la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales en el corto plazo y limita la capacidad del país para consolidar un sistema de salud robusto, con personal suficiente, motivado y reconocido por su alta responsabilidad social.

Para enfrentar esta crisis, resulta imprescindible diseñar e implementar políticas regulatorias sólidas que reduzcan la precariedad laboral en ambos sectores, público y privado. Estas políticas deben asegurar contratos estables, salarios dignos y acceso efectivo a prestaciones y beneficios sociales para todas y todos los trabajadores de la salud. No será posible superar esta crisis sin un paquete de políticas que incluya reformas fiscales de gran calado y la revisión integral del sistema de pensiones, a la luz del envejecimiento de la población y de las presiones que este fenómeno ejerce sobre los múltiples subsistemas sociales (salud, empleo, seguridad social, entre otros), con el propósito de garantizar la sostenibilidad financiera y el adecuado desarrollo de la fuerza laboral en el sector salud.

También es esencial implementar mecanismos rigurosos de supervisión y control que aseguren el cumplimiento efectivo de estas políticas y eviten retrocesos en las condiciones laborales. La experiencia de otros países en América Latina, que han consolidado un servicio civil de carrera para ofrecer plazas estables a quienes demuestran compromiso institucional y fortalecen sus competencias mediante la formación continua, puede servir como referente valioso para México. Si bien estas estrategias han sido más frecuentes en el sector público, esquemas equivalentes podrían adaptarse al sector privado de la salud para garantizar trayectorias profesionales más dignas, previsibles y orientadas a la calidad del servicio.

Otras estrategias deben abarcar desde cambios legislativos amplios en la Ley Federal del Trabajo, que protejan de manera efectiva las posiciones de las y los trabajadores del sector público y privado, hasta un incremento sostenido del presupuesto público en salud que garantice plenamente sus derechos laborales, incluido el acceso a un seguro de salud, vacaciones remuneradas, estabilidad laboral y prestaciones sociales integrales. De igual forma, un paquete bien diseñado de incentivos a la productividad, a la actualización profesional y a la calidad del servicio podría constituir una vía estratégica para equilibrar, de manera justa, derechos y obligaciones en el ámbito laboral sanitario.

La precariedad laboral en el sector salud mexicano es, en suma, un problema estructural complejo que exige atención inmediata y sostenida. El estudio referido no solo ilumina la magnitud de esta crisis, sino que también hace un llamado firme a desarrollar políticas públicas integrales que mejoren las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud, pieza clave para garantizar la calidad del sistema sanitario. En un país marcado por profundas desigualdades socioeconómicas, enfrentar la precariedad laboral no es únicamente una cuestión de justicia social; es, además, una estrategia imprescindible para ampliar el acceso y elevar la calidad de la atención médica. Excluir esta dimensión del debate sobre la cobertura universal de salud constituye un grave error que debe corregirse con urgencia.

PERSONAL DE ENFERMERÍA POR TIPO DE PROVEEDOR DE SALUD, MÉXICO 2020

* Enfermería en contacto con el paciente. ** Se agregaron los que respondieron que estaban adscritos al Seguro Popular, INSABI, y sin adscripción. Fuentes: SSA/DGIS 2022. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/publicaciones/p_encuentas_gobmx.html. Privado: INEGI 2021, https://www.inegiorg.mx/programas/salud/#Tabulados. Población: INEGI, Censo de Población y Viviendo 2020.

Solo mediante un enfoque integral, que coloque en el centro la mejora de las condiciones laborales y la protección de los derechos de quienes sostienen cotidianamente el sistema, será posible avanzar hacia un sistema de salud verdaderamente universal, equitativo y sostenible. La salud de una nación depende, de manera directa, del bienestar físico, emocional y profesional de quienes están en la primera línea de atención.

Persistir en la invisibilización de las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud es, en última instancia, comprometer la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población y limitar las posibilidades de un desarrollo social más justo e inclusivo.

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